Tras los escándalos de pederastia clerical, la santa sede decidió divulgar cuál es su procedimiento interno a seguir ante estos casos para que la comunidad laica y los no canonistas lo conozcan.

Después de los cuestionamientos internacionales, Joseph Ratzinger transparenta su política. Foto: Alessia Pierdomenico/Reuters

México.- Ante la crisis en la que se encuentra sumida la Iglesia católica por los abusos sexuales que se denuncian en varias partes del mundo, el Vaticano decidió publicar la Guía sobre Procedimiento en Caso de Abusos Sexuales que se llevan ante la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la que se llama a denunciar estos delitos y a los obispos se les instruye a presentar a los curas pederastas a las autoridades civiles.

Esta guía se asegura se aplica desde 2001, pero, indica, es importante que la conozcan los laicos y “no canonistas”. Y adelantó que ésta es revisada para actualizarla en puntos sobre los casos que deben llegar al Papa.

La legislación aplicable es el Motu Proprio “Sacramentorum Sanctitatis tutela” (MP SST) del 30 de abril de 2001 que, junto con el Código de Derecho Canónico de 1983, detalla que: en el procedimiento previo: la diócesis local investiga todas las denuncias de abuso sexual de un menor por parte de un clérigo.

Si la acusación es plausible, el caso se remite a la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF). El obispo local transmite toda la información necesaria y expresa su opinión sobre los procedimientos a seguir y las medidas que se adoptarán a corto y a largo plazo.

Además, establece claramente que “debe seguirse siempre el derecho civil en materia de información de los delitos a las autoridades competentes”.

Durante la etapa preliminar y hasta que el caso se concluya, el obispo puede imponer medidas cautelares para salvaguardar a la comunidad, incluyendo a las víctimas. Además, tiene el poder de proteger a los niños mediante la restricción de las actividades de cualquier sacerdote de su diócesis. Y asegurar que no se haga daño a los niños, este poder puede ser ejercido a discreción del obispo antes, durante y después de cualquier procedimiento canónico.

Los procedimientos autorizados para esa Congregación detallan: estudia el caso presentado por el obispo local y también pide información complementaria cuando sea necesario.

La CDF tiene una serie de opciones: la B1 Procesos Penales dice que esa Congregación podrá autorizar al obispo local para llevar a cabo un proceso penal judicial ante un tribunal local de la Iglesia. Todo recurso en estos casos se sometería a un tribunal de la CDF.

La CDF podrá autorizar al obispo local para llevar a cabo un proceso penal administrativo ante un delegado del obispo local con la asistencia de dos asesores. El sacerdote acusado está llamado a responder a las acusaciones y a revisar las pruebas. El acusado tiene derecho a presentar recurso a la CDF contra el decreto que lo condene a una pena canónica. La decisión de los cardenales miembros de la CDF es definitiva.

En caso de que el cura sea juzgado culpable, tanto los procesos penales judiciales como administrativos pueden condenarlo a una serie de penas canónicas, la más grave de las cuales es la expulsión del estado clerical. La cuestión de los daños también se puede tratar directamente durante estos procedimientos.

La opción B2 es para casos “muy graves” en los que el juicio penal civil haya declarado culpable al sacerdote de abuso sexual de menores o cuando las pruebas son abrumadoras. La CDF puede optar por llevar el caso directamente al pontífice con la petición de que promulgue con un decreto “ex officio” la expulsión del estado clerical. No hay remedio canónico contra tal decisión pontificia.

La CDF también presenta al Papa solicitudes por los sacerdotes acusados que, habiendo reconocido sus delitos, piden la dispensa de la obligación del sacerdocio y desean volver al estado laical. El pontífice concede estas peticiones por el bien de la Iglesia (“pro bono Ecclesiae”).

Y la tercera opción B3, Medidas disciplinarias: en los casos en que el sacerdote acusado haya admitido sus delitos y aceptado vivir una vida de oración y penitencia, la CDF autoriza al obispo local a emitir un decreto que prohíba o restrinja el ministerio público de dicho sacerdote.

Iglesia mexicana pensó que era “una gripita”


••• El obispo Raúl Vera afirmó que la jerarquía católica trato los casos de pederastia cometidos por sacerdotes de manera “muy superficial”. “En un momento dado creímos que el sacerdote que tenía ese problema, tenía una gripita y que a lo mejor se le iba a quitar. Faltó profundizar y en darnos cuenta que estaba mal y que con su mal se iba para otro lado”, por eso se pronunció por una revisión del trabajo pastoral.

A su vez, el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, consideró que los medios de comunicación han magnificado los casos de abusos sexuales y desmintió los señalamientos de que la Iglesia se encuentra en crisis.

Ambos obispos fueron los únicos que aceptaron hacer comentarios sobre este tema a su llegada ayer a la Nunciatura Apostólica. Raúl Vera López, obispo de Saltillo, salió a la defensa de Juan Pablo II tras indicar que él fue quien puso la mirada en las víctimas, después de que por desgracia se conocieron los casos de manera legal.

Los obispos mexicanos, afirmó, están obligados a revisar la pastoral que aplican y dar una respuesta ante estos casos, porque la sociedad lo demanda.

Sobre el caso de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, afirmó que los integrantes de la legión estaban impedidos por los candados que había “los votos de obediencia” para no hablar mal de su superior, por eso se investigó y no funcionó.

Pero ahora esos ya no existen y los visitadores apostólicos fueron los responsables de investigar.

Adelantó que ante los casos denunciados “no vamos hacer una cacería de brujas como enfermitos, porque a mí me ha tocado defender a gente víctima de la paranoia”.