Ministra Camila Merino entregó cifra y destacó que instructivo oficial hizo desistir de la medida a algunas empresas. Medidas para enfrentar desempleo en zonas afectadas.

Luego de reunirse con el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Rafael Guilisasti, la ministra del Trabajo, Camila Merino8.417 empleados han sido despedidos por motivo de fuerza mayor después del terremoto del 27 de febrero y dio a conocer las primeras medidas para enfrentar la situación laboral en las zonas afectadas. informó que

Según la información entregada por la Dirección del Trabajo, en la Región Metropolitana despidieron a 3.651 aduciendo la causal, en la región del Biobío existen 3.450 desvinculaciones, en la del Maule 540 y en la de O’higgins 420 despidos.

Además reveló que un significativo número de empleadores se ha retractado de despedir a sus trabajadores aduciendo fuerza mayor tras la catástrofe, gracias al instructivo emitido por la cartera.

“Yo creo que este dictamen fue muy útil para aclarar, cuando realmente se podía utilizar la fuerza mayor, y que las empresas por el sólo hecho de estar en la zona de catástrofe no tenían el derecho a usarla, realmente tenían que tener una situación de emergencia, tener sus instalaciones completamente destruidas”, indicó.

El timonel de la CPC reconoció por su parte que algunos empresarios hicieron mal uso de la cláusula ya que “sólo debieran requerir esta situación, las empresas que se encuentran en una situación realmente precaria”.

El dirigente señaló que el sector privado tiene el 50 % de la responsabilidad en la reconstrucción del país, porque desde su perspectiva los dueños de empresas “tenemos que aportar enormes recursos para la reparación, para la puesta en marcha, pero debemos hacerlo en un contexto de retención laboral”.

La secretaria de Estado anunció las medidas posterremoto en materia laboral: bonificación por 4 meses a la contratación, bono de capacitación de 50.000 pesos, y la entrega de un 50% del sueldo mínimo a las empresas que retengan a los trabajadores, todo por un costo fiscal de 12 mil millones de pesos.